La nueva normativa establece controles sobre los dispositivos móviles y apunta a desarticular las redes de comercialización de teléfonos robados. También incorpora herramientas para las fuerzas de seguridad y mayores exigencias para los comercios que trabajan con tecnología usada.
La provincia de Santa Fe cuenta con una nueva legislación destinada a combatir el mercado negro de celulares, uno de los circuitos que sostiene delitos como robos callejeros, arrebatos y asaltos. La ley formaliza la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, con el objetivo de dificultar la venta y circulación de equipos de procedencia ilegal.
La iniciativa busca intervenir sobre toda la cadena delictiva, desde la sustracción de los teléfonos hasta su posterior comercialización, ya sea mediante la venta de piezas, modificaciones de software o su incorporación al mercado informal.
Controles policiales y verificación de los dispositivos
Entre las principales medidas, la ley otorga nuevas facultades a la Policía de Santa Fe para realizar controles aleatorios en la vía pública sobre el número IMEI (Identificación Internacional de Equipo Móvil) de los teléfonos celulares.
A través de estos procedimientos, los agentes podrán verificar los datos de los dispositivos con bases oficiales, como las del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para determinar si presentan denuncias por robo o hurto, adulteraciones u otras irregularidades.
Ante la detección de anomalías o la negativa injustificada a exhibir el código del equipo, la normativa contempla la posibilidad de realizar una requisa personal y secuestrar preventivamente el celular, con intervención inmediata del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Mayores exigencias para comercios y talleres
La legislación también pone el foco en los establecimientos dedicados a la compra, venta, permuta y reparación de dispositivos tecnológicos usados.
En ese sentido, establece requisitos de registración, controles de stock, documentación que acredite la titularidad de los equipos y facturas que permitan verificar su origen.
El objetivo es cerrar los canales de comercialización clandestina y evitar que los teléfonos sustraídos puedan convertirse rápidamente en dinero, afectando el funcionamiento de las redes delictivas.